Agentes armados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas fueron desplegados en al menos 14 de los aeropuertos más transitados de EEUU, en una medida anunciada por el presidente Donald Trump para reforzar las operaciones durante el cierre parcial del gobierno federal.
El despliegue tiene como objetivo asistir a la Administración de Seguridad en el Transporte, cuyos trabajadores se han visto afectados por la falta de financiamiento.
Sin embargo, la presencia de agentes migratorios en zonas cercanas a filtros de seguridad generó inquietud entre pasajeros, especialmente tras meses de intensos operativos migratorios en distintas ciudades del país.
De acuerdo con autoridades federales, los agentes del ICE no están realizando arrestos ni inspecciones directas a viajeros.
Su función es complementar las labores de seguridad en terminales con alta afluencia, en un contexto donde cientos de miles de empleados del Departamento de Seguridad Nacional continúan trabajando sin salario debido al estancamiento presupuestal.
La medida fue observada en aeropuertos clave como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, así como en terminales de Houston, Nueva Orleans y Phoenix.
El gobierno aún no llega a un acuerdo
Aunque la presencia de autoridades federales no es inusual en aeropuertos internacionales. Donde también operan la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y unidades de investigaciones de seguridad nacional—, es poco común ver a agentes migratorios en los puntos de control administrados por la TSA.
El contexto político agrava la situación. El cierre parcial del gobierno comenzó tras la falta de acuerdo en el Congreso sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Las negociaciones se han estancado ante diferencias sobre recursos y cambios en las operaciones de agencias como ICE y CBP.
A diferencia de operativos recientes en esta ocasión la mayoría de agentes se presentó con el rostro descubierto. Siguiendo instrucciones del gobierno federal.
La medida abre interrogantes sobre el alcance futuro de estas acciones y su impacto en la experiencia de viaje.
