En el mundo, la trata de personas genera ganancias ilícitas estimadas en 150 mil millones de dólares anuales, siendo los eventos masivos focos críticos de riesgo. Ante la proximidad de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, el Partido del Trabajo (PT) en el Senado presentó una iniciativa para frenar el Turismo Sexual. La propuesta busca adicionar el artículo 106 bis a la Ley General en materia de Trata de Personas. De esta forma, el Estado mexicano pretende establecer protocolos estrictos de actuación interinstitucional para proteger a niñas, niños y adolescentes durante la justa deportiva.
Protocolos de vigilancia y seguridad integral
La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, explicó que la reforma obliga a coordinar esfuerzos entre seguridad pública, migración y turismo. Por consiguiente, el plan contempla reforzar la vigilancia en terminales aéreas, marítimas y terrestres de todo el país. Asimismo, la iniciativa exige una supervisión rigurosa en establecimientos de hospedaje y plataformas digitales de alojamiento. Debido a que estos delitos suelen operar en el anonimato, los operativos se focalizarán en zonas de alta concentración turística o sedes deportivas.
Además, el documento propone la creación de mecanismos ágiles de denuncia para las víctimas. Esto incluye líneas telefónicas multilingües y plataformas de atención inmediata para superar las barreras del idioma. Mientras que los grandes flujos de visitantes benefician la economía, también pueden facilitar redes silenciosas de explotación si no existe una prevención adecuada. Por lo tanto, el Estado debe garantizar que la percepción de impunidad no fomente la llegada de agresores al territorio nacional.
Prevención frente a la demanda del Turismo Sexual
Bañuelos advirtió que delitos como el Turismo Sexual no son fenómenos espontáneos, sino que responden a una alta demanda y al consumo irresponsable. Por esta razón, la ley debe funcionar como una herramienta preventiva y no únicamente punitiva. La senadora resaltó que México debe prepararse para recibir a la afición mundial sin renunciar a su deber de proteger a los más vulnerables. En consecuencia, la implementación de inspecciones y verificaciones constantes será vital para detectar riesgos de manera oportuna.
Finalmente, la iniciativa pone en el centro la seguridad de las potenciales víctimas y la asistencia integral. La soberanía y hospitalidad del país deben ir de la mano con un sistema judicial capaz de anticiparse a las redes criminales. En conclusión, la reforma busca blindar a la sociedad frente a los riesgos sociales que acompañan a los eventos de magnitud global. Solo mediante una coordinación efectiva entre autoridades de procuración de justicia y trabajo se logrará erradicar estas prácticas inhumanas en suelo mexicano.
